Avances en el 2016 de la Política de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy

La Política de Reparación a las Comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy contiene el conjunto de programas, proyectos o intervenciones gubernamentales que pretenden resarcir las violaciones a los derechos humanos que sufrieron aquellos pobladores o sus familiares, y que no fueron indemnizados a cabalidad en su oportunidad o cuyas violaciones no fueron previstas antes o durante la construcción de la represa. Dicha política es el producto de una negociación entre representantes de las Comunidades Afectadas y del Estado de Guatemala, la cual fue llevada a cabo entre 2004 y 2014 por tres diferentes gobiernos, con mediación de la OEA y el acompañamiento de las Oficinas del Procurador de los Derechos Humanos y del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Guatemala. Como toda política de reparación a víctimas contempla medidas de Satisfacción y Dignificación, Rehabilitación y Restitución, así como Garantías de No Repetición, además de un resarcimiento económico por la pérdida de bienes, las consecuencias negativas provocadas por el desarraigo y los gastos incurridos para la reivindicación de sus derechos vulnerados.

En tal sentido, el Acuerdo Gubernativo número 378-2014 es el fundamento legal que aprobó la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos fueron vulnerados para que la misma se cumpla dentro del período del 2015 al 2029. Dicho acuerdo en su artículo 3 expone que es La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), quien será el ente responsable de coordinar el cumplimiento de la Política Pública antes mencionada, de cuya ejecución son responsables 30 diferentes instituciones del Estado.

Asimismo, en su artículo 4 se manifiesta que para dar cumplimiento al Acuerdo Gubernativo , La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos deberá gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas, a efecto de que este realice las operaciones presupuestarias necesarias para crear el clasificador o clasificadores presupuestarios correspondientes en el marco de su competencia, bajo la normativa imperante en la materia, cuyos rubros serán asignados los recursos financieros que se aprueben anualmente, para ser distribuidos a las instituciones responsables de la ejecución de la política y el proyecto de vida, así como la distribución directa de los resarcimientos individuales.

En esa dirección, la COPREDEH ha venido dando cumplimiento a los pagos correspondientes al resarcimiento individual tal y como se contempla en la política pública, teniendo como resultado que al mes de Noviembre se han resarcido a 1,467 de las 2,329 familias censadas para el efecto, que representa un 63% de avance en la implementación de dicho componente, en donde el Estado de Guatemala ha erogado alrededor de Q.125,976,806.00 millones de quetzales, de los cuales, casi 95 millones durante el actual Gobierno.

Dichas entregas se han realizado con observancia del Reglamento para la Administración del Plan de Reparación de la Política Pública emitido el 28 de Septiembre de 2015, con opinión de la Contraloría General de Cuentas, cumpliendo con los requisitos obligatorios emitidos en el mismo, siendo estos: a) La constancia elaborada por la Dirección de Política Pública de COPREDEH, que indica que el grupo familiar o sus sobrevivientes se encuentran dentro del censo validado por la Comisión Técnica de Verificación como titulares de derecho de resarcimiento, indicando el nombre de la persona a quien se debe emitir el cheque de pago; b) Fotocopia simple del Documento Personal de Identificación, DPI, de los mayores de edad del grupo familiar; c) Certificación de Nacimiento original de los menores de edad; d)Acta Notarial de Declaración Jurada, suscrita ante notario contratado por COPREDEH, en donde los mayores de edad del grupo familiar o familia declaran que tienen conocimiento y están de acuerdo con el cálculo y la forma de entrega que se estableció en Asamblea Extraordinaria de COCAHICH así como los que no comparecieron por encontrarse en el extranjero se les ha comunicado lo resuelto, y que cada integrante de la familia o grupo familiar no harán reclamación alguna posteriormente y, e) Los documentos que respaldan los resultados de la investigación de casos especiales que se indican en el artículo 8 del reglamento (Léase: testimonios, investigaciones de campo o cualquier otro medio pertinente que permita verificar o completar la documentación). Es de hacer notar que en este proceso las familias beneficiarias no han tenido que erogar ninguna cantidad en concepto de trámites u otro tipo de cobro.

Es así como el Estado de Guatemala, a través de sus instituciones públicas en este caso La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos, en coordinación con El Ministerio de Finanzas Públicas y La Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia, representantes por el Estado en el Consejo de Verificación y Seguimiento, han venido dando cumplimiento a la implementación de la Política Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados, en donde la responsabilidad como Estado dentro de este componente concluye con la entrega del resarcimiento individual por familia obteniendo el respectivo finiquito que ampara el descargo de dicho compromiso, por lo que toda acción posterior a hacer efectivo dicho pago es ajena a las instituciones involucradas en dicho proceso.

 

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