Aclaración de Copredeh

Ante la serie de editoriales publicados por elPeriódico sobre la ilegitimidad de la Copredeh, se aclara lo siguiente:

La visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tiene por objeto alentar al gobierno, al legislativo y la judicatura a discutir, analizar normas, políticas y hechos a la luz del derecho interamericano y del derecho universal. Asimismo dar una oportunidad para investigar situaciones a fin de generar un informe sobre el país que pueda ser útil como de hoja de ruta a futuro, sobre temas de gran relevancia en la protección de los derechos humanos.

La Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 hizo del tema de los derechos humanos internacionales parte fundamental de sus relaciones exteriores, que las dirige el Presidente de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese énfasis en los derechos humanos en la política exterior fue profundizado por los tratados y convenios que en esa materia se ratificaron a partir de esta nueva era democrática, lo que implicó nuevos compromisos y desafíos a cumplir para los que el Estado no estaba preparado adecuadamente.

Fue así como en 1991 el Relator de Naciones Unidas, Doctor Christian Tomuschat, recomendó que a nivel de la Presidencia de la República y bajo su estricta autoridad se creara un ente que coordinara las acciones del Estado en el propósito de cumplir con la protección de los derechos humanos y pudiera dar respuesta a los compromisos que internacionalmente se habían venido adquiriendo. Atendiendo esta sugerencia, se crea la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –Copredeh–, como articuladora de estas políticas e integrada por los ministerios y entes del Estado responsables de dichos temas y su protección.

Las atribuciones centrales son asesorar al Presidente de la República velando por una efectiva comunicación y cooperación con el Organismo Judicial y la Procuraduría de Derechos Humanos así como coordinar las acciones que dentro de sus respectivas competencias realicen los ministerios de Estado o instituciones del Ejecutivo, para implementar la política de protección de los derechos humanos, impulsada por el Organismo Ejecutivo. Asimismo, establecer a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, los vínculos de cooperación, información y asistencia con los Organismos Internacionales que se ocupan de la protección de los Derechos Humanos.

Cabe destacar que la materia tan amplia de los derechos humanos individuales y colectivos, puede abordarse desde diferentes perspectivas que van desde un activismo en derechos humanos, hasta posiciones conservadoras en esta materia. Ambos enfoques son perfectamente legítimos y responden a los intereses de los actores de que se trate.

Para el caso particular de Guatemala, uno de los editorialistas tuvo la oportunidad de influir en la direccionalidad de la política exterior de Guatemala, orientada a mantener distancia tanto de la Corte como de la propia CIDH, abstenerse del cumplimiento de las recomendaciones y sentencias, no desarrollar procesos de solución amistosa entre otras cosas. Dicha orientación de la política tuvo efectos concretos. En el informe anual 2015, respecto a los Estados miembros, la Comisión incluyó a Guatemala en el capítulo IV.B, junto con Cuba y Venezuela, porque consideró que la situación de derechos humanos presentaba entre otros factores situaciones estructurales de violaciones en materia de justicia, seguridad ciudadana, marginación y discriminación que afectan, gravemente el disfrute de tales derechos.

El Gobierno actual, dio un giro a la política que venía de la gestión anterior, estableciendo los mecanismos y los canales de apertura, cumplimiento de sus responsabilidades tanto para el Sistema Interamericano como a nivel de Naciones Unidas y por supuesto, esta voluntad política también ha tenido efectos concretos. Así se explica el 57 Periodo Extraordinario de Sesiones de la Corte realizado en Guatemala este año y la actual visita in loco de la CIDH. En el informe anual de esta, de fecha 27 de abril 2017, Guatemala ya no aparece en la lista negra de países violadores de derechos humanos. En este informe, se analiza la situación en Cuba, República Dominicana y Venezuela.

Salir de esta lista es el reconocimiento de los esfuerzos gubernamentales y del Estado en su conjunto por mejorar el disfrute y goce de los derechos humanos, reconociendo los grandes retos y desafíos que como país tenemos por delante, pero que el enfrentarlos es un primer paso en una dirección correcta. Salir de la lista significa una mayor apertura y acceso a la cooperación técnica y financiera tanto de los organismos multilaterales, de la propia Naciones Unidas y para el Sector Privado acceso al crédito de la banca internacional con tasas más bajas de interés. Este cambio de direccionalidad debe ser respetado por los editorialistas de elPeriódico, y desde Copredeh, afirmamos que también, respetamos su particular punto de vista en los ataques sistemáticos, que desde el espacio editorial se han venido publicando.

Lo que resulta fuera de toda objetividad periodística y sobre todo proveniente de un medio de comunicación al que debe reconocerse el esfuerzo sistémico por el desarrollo del periodismo investigativo y sus contribuciones a la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho en Guatemala, es la manipulación de las cifras presupuestarias en relación a la Copredeh.

Afirmar que la asignación de Q208.1 millones además de ser ilegal, supone un exceso de gasto y compararlo con otra institucionalidad es no solo una tergiversación de la asignación presupuestaria sino, burdas comparaciones alejadas de la ética y la objetividad periodística. En efecto, no pueden ignorar los editorialistas que dichas asignaciones, particularmente en el año 2016 y 2017, corresponden a la ejecución de la Política Pública de Reparación de las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy siendo en su orden para Copredeh 31.0 millones en el año 2016 y 25.7 millones en 2017 para su funcionamiento y operación, que incluyen 19 sedes regionales con que cuenta en el país.

Divergir o disentir es un derecho humano propio y válido en una sociedad democrática pero manipular y sesgar la información es poco ético sobre todo cuando se trata de impactar o incidir en la opinión pública.

Atentamente,

Víctor Hugo Godoy,

presidente de Copredeh

Publicado en elPeriódico página 3 3 de agosto de 2017