Comunicado

La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-  en su calidad de representante del Jefe de Estado ante los foros del Sistema Universal de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la opinión pública nacional e internacional, respecto de la publicación de la sentencia de fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente 1749-2017, que declara la inconstitucionalidad parcial del Artículo 6 de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer,  Decreto 22-2008 del Congreso de la  República, en la frase que señala: “no podrá concedérsele la reducción de la pena por ningún motivo”.

 

MANIFIESTA

El Estado de Guatemala, entre otros Acuerdos, Convenios y Declaraciones Internacionales de carácter similar, suscribió y ratificó la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y ha adoptado las recomendaciones emanadas de los Comités de Expertos y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En ese orden de ideas, y en atención a los altos índices de violencia a que se encuentran sometidas las mujeres a nivel mundial, Guatemala, como Estado Parte se obligó a adoptar todas las medidas adecuadas para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyeran discriminación en contra de la mujer; y, además, a emitir las leyes que fueran necesarias para alcanzar los fines de los Instrumentos Jurídicos Internacionales citados.

En el marco de las Declaraciones y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos aceptados y ratificados por Guatemala, se emitió la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la Mujer, Decreto 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala, con el propósito de prevenir, eliminar y sancionar las acciones ilícitas que derivan de las relaciones desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres, en el campo social, económico, jurídico, político, cultural y familiar.   Es de esa cuenta que el Congreso de la República de Guatemala, estableció en el Artículo 6, de la citada Ley, que a las personas responsables de la comisión de actos que configuren el delito de femicidio, no podría consedérseles la reducción de la pena por ningún motivo.

La COPREDEH, en atención a esa línea de acción y a las políticas públicas en defensa de los derechos de las mujeres, en ejercicio de su mandato, de conformidad con las Leyes y Tratados que forman parte del bloque constitucional amparado por el Artículo 46 de nuestra Carta Magna, no pasa desapercibido el hecho que la inconstitucionalidad parcial, a que se hace referencia en el presente comunicado, disminuye el impacto de prevención general y de prevención especial que originalmente se había establecido con una pena grave, con efectos procesales que ahora desnaturalizan la razón de emisión de aquella norma jurídico penal; que buscaba el cumplimiento del principio de no repetición.